En los últimos años, la crisis de vivienda en diversas regiones ha evidenciado un problema estructural que va más allá de la simple oferta y demanda: la inseguridad jurídica que enfrentan los propietarios frente a impagos y ocupaciones ilegales. Esta situación ha contribuido significativamente a la disminución de la disponibilidad de pisos en el mercado, afectando tanto a quienes buscan una vivienda digna como a quienes poseen propiedades que no pueden alquilar o vender con tranquilidad.